La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, busca regular el acceso a viviendas asequibles y mejorar la situación del mercado de alquiler en España. Esta legislación incluye medidas para aumentar la oferta de vivienda social, contener el aumento de precios del alquiler y proteger a los inquilinos vulnerables. Se establece un Sistema Estatal de Referencia para los precios de alquiler y se implementan beneficios fiscales para arrendadores que ofrezcan alquileres accesibles. Además, se introducen límites al precio del alquiler en zonas tensionadas y se refuerzan las protecciones contra desahucios, garantizando una comunicación efectiva entre servicios sociales y judiciales. La ley también redefine lo que se considera un gran propietario y establece recargos sobre viviendas vacías.
El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda ha dado un paso significativo en su proceso legislativo, siendo aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022. Posteriormente, el Congreso lo ratificó el 27 de abril de 2023 y, finalmente, el Senado lo aprobó el 17 de mayo. La ley fue publicada en el BOE el 25 de mayo como la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. Esta normativa se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye diversas iniciativas para la rehabilitación y regeneración urbana.
La ley tiene como objetivo principal aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles y prevenir situaciones de tensión en el mercado del alquiler. Además, busca apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en su acceso a la vivienda.
Para ello, se han habilitado herramientas dirigidas a comunidades autónomas y municipios con el fin de contener o reducir los precios del alquiler y ampliar el parque de vivienda en alquiler social.
Uno de los objetivos centrales de la Ley es controlar el aumento desmedido en los precios del alquiler. Para lograrlo, se implementará un Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler, que proporcionará información sobre los costos del alquiler en diferentes zonas residenciales, fomentando así la transparencia y competitividad en este sector. Además, se contemplan medidas específicas para limitar los precios:
En las áreas declaradas como tensionadas:
La Ley de Vivienda regula el derecho a la vivienda, incluyendo medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda.
La ley establece un Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler que ofrece información sobre los costos en cada zona. También incluye beneficios fiscales para arrendadores que reduzcan precios, declaración de zonas tensionadas y límites al incremento anual del alquiler.
Se considera "gran tenedor" a aquellos propietarios de más de 10 inmuebles, o 5 o más inmuebles en una misma zona tensionada, según lo solicite la comunidad autónoma.
La ley mejora la comunicación entre órganos judiciales y servicios sociales para atender rápidamente a personas vulnerables, ampliando plazos de suspensión de lanzamientos y requiriendo conciliación para desahucios que afecten a personas vulnerables por parte de grandes propietarios.
La ley regula los parques públicos de vivienda, asegura un periodo mínimo de protección para viviendas protegidas y establece porcentajes mínimos para vivienda en alquiler dentro del suelo reservado para vivienda protegida.