Trabajo implementa acciones para salvaguardar derechos laborales tras la derogación del SMI 2024

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha iniciado un conjunto de acciones urgentes para salvaguardar los derechos laborales tras la sorprendente derogación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2024, acontecida el pasado 22 de enero en el Congreso de los Diputados.

En respuesta a esta situación, la Dirección General de Trabajo ha publicado un Criterio interpretativo que aborda las implicaciones legales derivadas de la anulación del SMI. Este documento se fundamenta en su función de interpretación y aplicación de las normativas laborales vigentes.

Consecuencias y directrices del nuevo criterio

La normativa establece que el Gobierno tiene la responsabilidad de fijar anualmente el SMI, cuyo objetivo es proteger los derechos y principios constitucionales. Según el Estatuto de los Trabajadores, esta medida busca garantizar un mínimo salarial que respete los valores fundamentales de justicia e igualdad. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional también subraya que debe existir un sistema que establezca techos salariales mínimos, asegurando así la efectividad del mandato constitucional estipulado en el artículo 35.1.

Adicionalmente, se considera que la eliminación abrupta del SMI sería contraria a los principios básicos de la legislación laboral, ya que no se contempla por parte del legislador una ausencia total del salario mínimo interprofesional.

Instrucciones para la aplicación inmediata

Hasta que se establezca un nuevo SMI para 2025, la Dirección General de Trabajo ha determinado lo siguiente:

• Los salarios vigentes no se verán afectados, dado que estos ya han sido contractualizados.
• Nuevas contrataciones no podrán establecer un salario mínimo inferior al fijado en el SMI 2024.
• La Inspección de Trabajo y Seguridad Social llevará a cabo supervisiones para asegurar que los trabajadores reciban puntualmente sus remuneraciones acordadas y verificará el cumplimiento riguroso de estas obligaciones por parte de las empresas.

Estas medidas buscan garantizar la estabilidad laboral y proteger los derechos fundamentales de los trabajadores en un contexto incierto tras la derogación del SMI.

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