Dos líderes de un grupo criminal internacional fueron condenados por fraude fiscal multimillonario en el Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania, tras la investigación Goliath de la Oficina del Fiscal Público Europeo. Los acusados, responsables de una estafa de IVA que causó daños por aproximadamente 26 millones de euros, establecieron empresas en varios países para comercializar productos electrónicos mediante un esquema fraudulento. Uno de los condenados recibió una pena de cinco años y dos meses, mientras que el otro fue sentenciado a cinco años y nueve meses. Las condenas son las primeras en esta investigación, que sigue abierta con otros sospechosos bajo investigación.
Dos líderes de un grupo criminal internacional fueron condenados el pasado 28 de marzo de 2025 en el Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania, por un fraude fiscal que asciende a varios millones de euros. La sentencia se deriva de una investigación realizada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Hamburgo, conocida como Goliath.
Los acusados enfrentaron cargos de asociación delictiva y fraude al IVA a gran escala, utilizando un sofisticado esquema conocido como fraude del carrusel del IVA. Este tipo de fraude se aprovecha de las normativas de la UE sobre transacciones transfronterizas entre Estados miembros, que están exentas del impuesto sobre el valor añadido. El tribunal determinó que las actividades ilegales causaron un daño aproximado de 26 millones de euros.
La investigación reveló que los condenados habían establecido empresas en Alemania y otros Estados miembros de la UE, así como en países no pertenecientes a la UE, para comercializar productos electrónicos de consumo, principalmente AirPods. Este comercio se realizaba a través de una cadena fraudulenta de comerciantes desaparecidos que eludían sus obligaciones fiscales. Posteriormente, otras empresas dentro de esta cadena fraudulentas reclamaban reembolsos del IVA a las autoridades fiscales nacionales.
El director formal de la organización, un ciudadano danés, fue sentenciado a cinco años y dos meses de prisión. Además, el tribunal ordenó la confiscación de activos por un valor aproximado de 320 000 euros.
Por su parte, el gerente 'de facto', un ciudadano turco, recibió una pena de cinco años y nueve meses. A él también se le impuso la confiscación de hasta 211 000 euros.
En cuanto al tercer acusado, un ciudadano húngaro, los procedimientos legales se cerraron tras el pago de una multa monetaria de 75 000 euros, conforme a lo estipulado en la Sección 153a del Código Penal Alemán.
Estas son las primeras condenas en la investigación Goliath, aunque aún están sujetas a apelación. Otros sospechosos continúan bajo investigación.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales alemanes competentes.
La EPPO actúa como oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Daño causado por actividades ilegales | €26,000,000 |
| Sentencia del director formal | 5 años y 2 meses |
| Confiscación de activos del director formal | €320,000 |
| Sentencia del 'de facto' manager | 5 años y 9 meses |
| Confiscación de activos del 'de facto' manager | €211,000 |
| Multa pagada por el tercer acusado | €75,000 |
La investigación Goliath es una operación llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Hamburgo, enfocada en un grupo criminal internacional involucrado en un fraude fiscal multimillonario relacionado con el IVA.
Los ringleaders fueron condenados por asociación delictiva y fraude fiscal en gran escala, específicamente por medio de un esquema de fraude conocido como "carousel fraud" que aprovecha las reglas de la UE sobre transacciones transfronterizas.
El tribunal estableció que el daño causado por las actividades ilegales de los acusados ascendió a aproximadamente 26 millones de euros.
El director formal de la organización, un ciudadano danés, fue condenado a cinco años y dos meses de prisión. El 'de facto' gerente, un ciudadano turco, recibió una sentencia de cinco años y nueve meses. Además, se ordenó la confiscación de activos significativos en ambos casos.
El tercer acusado, un ciudadano húngaro, tuvo los procedimientos terminados a cambio del pago de una multa monetaria de 75.000 euros.
La EPPO es la oficina pública de fiscalía independiente de la Unión Europea, responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.