El Gobierno, junto con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, ha aprobado un plan de acción para eliminar barreras burocráticas que afectan a las empresas. En la primera reunión conjunta de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria, el ministro Carlos Cuerpo presentó el proyecto "Régimen 20", que busca reducir cargas administrativas y facilitar un mercado único eficiente. Se identificaron áreas con requisitos desproporcionados y se desarrollará una nueva Ordenanza Tipo para simplificar la apertura comercial. Además, se implementarán medidas para mejorar la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y se trabajará en la eficiencia energética de edificios. Este plan se ejecutará a partir de 2025.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha liderado la primera reunión conjunta de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, así como de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior. Este encuentro ha contado con la participación de todas las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), además del presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y el presidente del Consejo de la Productividad, Juan Francisco Jimeno.
Cuerpo ha presentado a los asistentes los avances realizados desde el último encuentro, centrados en establecer un marco común que favorezca la actividad empresarial, conocido como “Régimen 20”. Este proyecto tiene como finalidad identificar áreas donde se puedan reducir las cargas administrativas que enfrentan las empresas y desarrollar un enfoque regulatorio coordinado para avanzar hacia un mercado único eficiente a nivel nacional.
Durante su intervención, el ministro expuso el diagnóstico realizado en colaboración con diversas entidades en los últimos meses. Este análisis ha permitido detectar fallos de coordinación entre diferentes administraciones y problemas relacionados con la falta de proporcionalidad en los requisitos impuestos a las empresas.
Como resultado del diagnóstico conjunto, se han identificado barreras y requisitos desproporcionados en siete áreas específicas. A partir de esto, se ha elaborado un plan de acción que contempla medidas concretas a implementar desde principios del año 2025.
Entre las iniciativas destacadas se encuentra el primer acuerdo alcanzado en esta Conferencia Sectorial: una nueva Ordenanza Tipo destinada a eliminar barreras para la apertura comercial. Esta normativa permitirá sustituir las licencias tradicionales por declaraciones responsables, lo que facilitará a los Ayuntamientos contar con una base para estandarizar su normativa local.
Para garantizar el seguimiento de esta ordenanza, se desarrollará una plataforma en colaboración con la FEMP. Esta herramienta compilará toda la normativa local y contribuirá a impulsar su estandarización, facilitando así la identificación de barreras en otros sectores más allá del comercio.
Además, se continuará trabajando en identificar nuevas áreas donde sea útil elaborar ordenanzas tipo para eliminar obstáculos administrativos. En el sector comercial, se prevé implementar un etiquetado digital que proporcione información completa a los usuarios y que sea fácil de adoptar por las empresas.
En cuanto a los puntos de recarga para vehículos eléctricos, se llevarán a cabo acciones enfocadas en reducir los requisitos necesarios para su instalación. Esto incluirá modificaciones en dos Reales Decretos que definirán mejor los requisitos para acelerar los procesos de autorización.
Aún queda por definir quién será el técnico competente encargado de conectar estos puntos a la red eléctrica. La clarificación sobre este perfil profesional formará parte del anteproyecto de Ley de Industria, así como del desarrollo normativo posterior.
Finalmente, también se abordará la necesidad de aclarar qué técnicos son competentes para elaborar y firmar certificados de eficiencia energética en edificios. Para ello, se plantea modificar un Real Decreto [390/2021] que agilizará los plazos para construir viviendas energéticamente eficientes.
A través de estas iniciativas, el Gobierno busca simplificar la interacción entre las empresas y la administración pública, reduciendo así su carga administrativa y burocrática.
El objetivo del plan de acción es eliminar las barreras burocráticas que enfrentan las empresas, creando un marco común que favorezca la actividad empresarial y avance hacia un mercado único eficiente a nivel nacional.
Se han identificado barreras y requisitos desproporcionados en siete áreas específicas, lo que ha llevado a la elaboración de un plan de acción con acciones concretas para implementar desde inicios del 2025.
Una de las medidas es la adopción de una nueva Ordenanza Tipo que permitirá sustituir las licencias de apertura por declaraciones responsables, facilitando así la estandarización de la normativa local por parte de los Ayuntamientos.
Se llevarán a cabo modificaciones en los Reales Decretos relacionados con los requisitos para la autorización de estos puntos, además de clarificar la figura del técnico competente necesario para su conexión a la red.
Se está trabajando en una herramienta junto con el Ministerio de Transformación Digital para reducir la carga administrativa y burocrática que enfrentan las empresas al interactuar con la administración.