La Dirección General de Consumo, bajo la supervisión del ministerio liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado un expediente sancionador contra una plataforma de alquiler de pisos turísticos. Esta acción se produce tras la advertencia a la empresa sobre la necesidad urgente de eliminar miles de anuncios que contenían publicidad ilícita relacionada con propiedades turísticas.
Desde junio, la Dirección General había solicitado información a diversas plataformas para esclarecer los detalles sobre las viviendas anunciadas. A esta solicitud inicial se sumó un requerimiento posterior que instaba a la plataforma en cuestión a retirar “de forma inminente” aquellos anuncios que no cumplían con los requisitos legales, como la falta de número de licencia.
Investigación y posibles infracciones
La investigación ha revelado que, meses después del inicio del proceso, muchos de estos anuncios continúan activos, lo que llevó a Consumo a formalizar el expediente sancionador. Según la normativa vigente, estas prácticas podrían ser consideradas infracciones graves y acarrear multas que oscilan hasta los 100.000 euros, pudiendo incluso multiplicarse entre cuatro y seis veces en función del beneficio obtenido de manera ilícita.
Además, desde la Dirección General se subraya que el inicio del expediente no implica un juicio anticipado sobre su resolución final. Los anuncios investigados abarcan varias comunidades autónomas, generando preocupaciones sobre posibles riesgos para los intereses de consumidores y usuarios.
Prácticas comerciales desleales
Los anuncios en cuestión estarían incurriendo en prácticas comerciales desleales según el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Esto se debe al incumplimiento normativo relacionado con la publicidad ilícita, especialmente al comercializar propiedades sin proporcionar su número de licencia cuando es obligatorio.
Esta situación pone nuevamente en el centro del debate las irregularidades dentro del sector inmobiliario y turístico. La semana pasada, el ministerio anunció una investigación similar dirigida a grandes gestoras de pisos turísticos por potenciales prácticas engañosas.
Afrontando la crisis de vivienda
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo también está llevando a cabo investigaciones contra agencias inmobiliarias por presuntas prácticas abusivas hacia inquilinos. Estas incluyen exigir comisiones por gestión o imponer contratos temporales sin justificación adecuada.
Todas estas acciones se alinean con el compromiso manifestado por Pablo Bustinduy para abordar la crisis habitacional en España. El ministro ha enfatizado que existen miles de familias viviendo al borde debido a problemas relacionados con la vivienda, mientras unos pocos se benefician económicamente a expensas de quienes buscan un hogar seguro.
Bustinduy ha declarado: “Ninguna empresa en España, por grande o pequeña que sea, puede estar por encima de la ley”, reafirmando así su postura firme ante las irregularidades en el sector.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ha hecho la Dirección General de Consumo con respecto a la plataforma de alquiler de pisos turísticos?
La Dirección General de Consumo ha incoado un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos tras advertirle que debía retirar "de forma inminente" miles de anuncios que contenían publicidad ilícita.
¿Cuándo comenzó la investigación sobre los anuncios de pisos turísticos?
La investigación comenzó en junio, cuando se envió un requerimiento de información a diversas plataformas para obtener datos sobre las viviendas anunciadas.
¿Qué tipo de infracciones se están investigando?
Se investiga si los anuncios están incurriendo en prácticas comerciales desleales según el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, como no ofrecer el número de licencia cuando es obligatorio.
¿Cuáles son las posibles consecuencias para la plataforma sancionada?
Las prácticas mencionadas pueden ser consideradas infracciones graves, con multas que pueden llegar hasta 100.000€, y en algunos casos, multiplicarse entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
¿Cuál es el objetivo del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo en esta situación?
El objetivo es abordar la crisis de vivienda en España y asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley, protegiendo así los derechos de los consumidores y usuarios.
Si (
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